Los desafíos del Gobierno Abierto, calidad de la información pública y la participación ciudadana en tiempos de IA
Introducción
Para evaluar una política pública, cuestionar una decisión del gobierno o discutir cómo se utilizan los recursos estatales, necesitamos información. Mas allá de conocer las medidas anunciadas por el Estado, también importa saber qué se hizo, cuáles fueron sus costos y qué resultados se obtuvieron. La calidad de los datos públicos y la disponibilidad de los mismos son, en este sentido, muy importantes para comprender la acción estatal y participar en las problemáticas sociales.
A esta discusión se incorpora un nuevo escenario: el uso de inteligencia artificial (IA) generativa para consultar información sobre asuntos sociales y políticos. Hoy podemos preguntarle a esta herramienta sobre presupuestos, cuestiones sociales o políticas gubernamentales y obtener una respuesta en segundos. Pero ¿de dónde se obtienen esos datos? ¿Cómo sabemos si están actualizados o si la respuesta es correcta? Estas preguntas permiten vincular dos debates que suelen abordarse por separado: las condiciones de apertura de la información estatal y los desafíos de utilizar sistemas automatizados para informarnos.
El gobierno abierto en Argentina
El gobierno abierto propone una forma de gestión pública basada en la transparencia, la participación y la colaboración entre el Estado y la sociedad. Su importancia no reside únicamente en facilitar el acceso a documentos gubernamentales, sino también en ampliar las posibilidades ciudadanas de conocer, controlar, participar y colaborar en los asuntos públicos. Para Oszlak (2013), este enfoque supone revisar las relaciones tradicionales entre gobernantes y ciudadanos y promover nuevas formas de interacción.
En Argentina, la agenda de gobierno abierto comenzó a adquirir mayor institucionalidad con la incorporación del país a la Alianza para el Gobierno Abierto en 2012 y la posterior elaboración de planes nacionales. Baglioni (2022) analiza este proceso y muestra cómo los compromisos de transparencia y participación fueron incorporándose a las políticas públicas argentinas.
Entre las normas sobre las que se apoya el Gobierno Abierto en Argentina se destaca la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, que reconoce el derecho a buscar, solicitar, recibir, analizar y reutilizar información pública. La ley también establece obligaciones de transparencia activa y principios relacionados con la apertura de la información en formatos reutilizables (Congreso de la Nación Argentina, 2016).
En materia de datos abiertos, el portal www.datos.gob.ar reúne conjuntos de datos publicados por organismos estatales. Sin embargo, contar con una plataforma de acceso no garantiza que toda la información disponible reúna las condiciones necesarias para ser utilizada[1].
Grandinetti y Miller (2020), en una investigación sobre 122 municipios argentinos de al menos 50.000 habitantes, encontraron que el 37 % había implementado iniciativas de gobierno abierto durante el período analizado y que solamente el 11 % contaba con áreas específicas para su gestión. Aunque estos resultados no describen la situación actual, permiten reconocer las diferencias que atravesaron la implementación de estas políticas a nivel local.
A esto se suma otra cuestión muy importante: la diferencia entre publicar información y garantizar que pueda ser reutilizada. Una información disponible y difundida como imagen, una base de datos estadísticos sin fecha de actualización o un archivo que no explica cómo fueron calculados sus indicadores pueden ser públicos y, aun así, resultar difíciles de analizar porque no cumplen con los requisitos que lo convierten en un dato abierto. Vetrò et al. (2016) identifican la completitud, la consistencia y la documentación como dimensiones relevantes para evaluar la calidad de los datos gubernamentales abiertos. Estos aspectos influyen directamente en las posibilidades de comparar información, construir diagnósticos y evaluar decisiones estatales.
Por lo tanto, el desafío del gobierno abierto en Argentina no puede medirse solamente por la existencia de leyes o plataformas digitales. También requiere examinar qué información producen los organismos estatales, cómo la publican y qué posibilidades reales tiene la ciudadanía de comprenderla y reutilizarla. Conocer el estado actual de estos aspectos exige investigaciones que consideren las diferencias entre jurisdicciones, organismos y áreas de política pública.
Entre nosotros y el Estado: La IA como intermediaria
La inteligencia artificial generativa está modificando nuestra manera de buscar información. En lugar de consultar diferentes documentos o interpretar directamente una base estadística, podemos formular una pregunta y recibir una respuesta o explicación que organiza los números, cifras, información e incluso la interpretación. Esta posibilidad facilita el acercamiento a información que puede llegar a ser compleja, especialmente para quienes no cuentan con conocimientos especializados. Sin embargo, también introduce una nueva instancia entre los datos originales y las personas que los consultan.
Cuando una IA responde cuánto se destinó a determinada política pública o cómo resultaron los indicadores económicos en cierto período de tiempo, no necesariamente está consultando una fuente oficial actualizada. Algunas IA generan respuestas a partir de información incorporada durante su entrenamiento, mientras que otros pueden recuperar documentos y datos mediante herramientas de búsqueda, utilizando información proveniente de páginas web no oficiales o portales de noticias. Algunas investigaciones sobre modelos de lenguaje explican que estos sistemas pueden producir informaciones incorrectas o imprecisa, incluso cuando sus respuestas resultan coherentes y convincentes (Wang et al., 2024). En cuestiones políticas, una cifra equivocada o una interpretación sin respaldo puede afectar la manera en que comprendemos muchos asuntos públicos. Incluso puede llevarnos a reinterpretar problemáticas sociales.
Lo importante aquí no es que toda respuesta provenga siempre del Estado, sino que podamos identificar sus fuentes y evaluar la información utilizada. Pero surge una pregunta: ¿Qué sucede cuanto es tan fácil obtener una respuesta, pero no es tan fácil verificarla?
La importancia de la calidad de la información pública
Partamos de un caso como ejemplo. Pensemos en una persona que quiere conocer los resultados de una política municipal destinada a reducir la contaminación de los cursos de agua. Le pregunta a una herramienta de IA qué medidas se implementaron y si efectivamente mejoró la calidad del agua.
Para responder de manera adecuada sería necesario contar con información sobre las acciones realizadas, los niveles de contaminación registrados antes y después de la intervención y los indicadores utilizados para evaluar sus resultados. Si estos datos no están disponibles, se encuentran desactualizados o aparecen dispersos entre diferentes organismos, resulta más difícil elaborar una respuesta verificable.
Sin embargo, aquí es importante diferenciar dos problemas. La falta de información pública responde a condiciones institucionales de producción y publicación de datos. Los errores de una IA también pueden originarse en el funcionamiento del sistema, incluso cuando existen fuentes confiables. Por eso, no sería correcto afirmar que toda respuesta incorrecta es consecuencia de datos estatales deficientes. Lo que sí podemos señalar es que contar con información pública accesible, actualizada y bien documentada amplía las posibilidades de contrastar las respuestas automatizadas con fuentes verificables.
Esta relación abre un interrogante relevante: ¿Hasta qué punto las condiciones de los datos públicos en Argentina influyen en nuestras posibilidades de utilizar herramientas de inteligencia artificial para comprender y evaluar las políticas ambientales del Estado?
¿Una ciudadanía aparentemente informada?
La posibilidad de obtener respuestas inmediatas puede generar la impresión de que acceder al conocimiento sobre los asuntos públicos es cada vez más sencillo, pero disponer de una explicación no significa necesariamente comprender cómo se construyó ni contar con herramientas y elementos para comprobar su veracidad. La IA puede ayudarnos a interpretar documentos, normativas, resumir información y aproximarnos a temas que no conocemos. Pero también puede presentar respuestas incompletas, omitir detalles metodológicos o dificultar la identificación de las fuentes originales.
A estas limitaciones se suman las desigualdades en torno al acceso a las tecnologías y en las competencias necesarias para utilizarlas. No todas las personas cuentan con las mismas posibilidades de preguntar, evaluar resultados o reconocer si la información es incorrecta o no. Desde la perspectiva del gobierno abierto, la información es un recurso valioso de la democracia cuando lleva a comprender las cuestiones del estado, reconocer problemáticas, formular demandas, ejercer control ciudadano y ampliar la participación y colaboración. No obstante, la disponibilidad de datos no garantiza por sí misma la participación. Janssen et al. (2012) advierten que las políticas de apertura enfrentan barreras que pueden impedir que la publicación de información produzca los beneficios esperados. En este contexto, el desafío no es tanto llevar la IA a más personas, sino lograr que se puedan fortalecer sus posibilidades de discutir, verificar los datos, cuestionarlo y utilizar esa información.
Una ciudadanía aparentemente informada puede tener la respuesta al alcance de su mano y, sin embargo, encontrar problemas a la hora de reconocer qué datos son verídicos, públicos, oficiales o abiertos. La participación necesita de algo más: información confiable, herramientas para interpretarla y mecanismos institucionales que permitan intervenir en las decisiones públicas.
Conclusión
El advenimiento de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para el gobierno abierto, pero también vuelve visibles problemas que lo acompañan desde sus orígenes: la disponibilidad, la calidad y la reutilización de la información pública. En Argentina, los avances normativos e institucionales constituyen antecedentes importantes y valiosos, aunque todavía resulta necesario examinar cómo se producen y publican los datos en los distintos niveles del Estado. La IA puede facilitar el acceso al conocimiento, pero no reemplaza la responsabilidad estatal de garantizar información confiable ni la necesidad ciudadana de poder contrastarla. En definitiva, el desafío tecnológico para el Estado en esta era, es lograr que la ciudadanía cuente con los datos y herramientas necesarias para poder contrastar la información y utilizarlos para la participación.
[1] Para que un dato sea abierto debe tener una serie de requisitos: deben ser completos, primarios, oportunos, accesibles, procesables por máquinas, no discriminatorios, no propietarios y con licencias abiertas (Ministerio de Modernización de la Nación, s. f.). sobre cómo usamos la IA en nuestras instituciones, sumate a la conversación.
Bibliografía
- Baglioni, S. (2022). Gobierno abierto: su surgimiento y adopción en la Argentina (2013-2022). Perspectivas, (7). https://revistas.ucalp.edu.ar/index.php/Perspectivas/article/view/263
- Congreso de la Nación Argentina. (2016). Ley 27.275: Derecho de acceso a la información pública. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/265949/actualizacion
- Grandinetti, R., & Miller, E. (2020). Tendencias y prácticas: políticas de gobierno abierto a nivel municipal en Argentina. Revista Iberoamericana de Estudios Municipales, (21), 89–112. https://doi.org/10.32457/riem.vi21.306
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. Information Systems Management, 29(4), 258–268. https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740
- Ministerio de Modernización de la Nación. (s. f.). Kit de datos abiertos. Gobierno de la República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2._kit_de_datos_abiertos.pdf
- Oszlak, O. (2013). Gobierno abierto: Hacia un nuevo paradigma de gestión pública. Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe. https://www.oea.org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5RG.pdf
- Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Orozco Minotas, C., Iemma, R., & Morando, F. (2016). Open data quality measurement framework: Definition and application to Open Government Data. Government Information Quarterly, 33(2), 325–337. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.001
- Wang, Y., Wang, M., Manzoor, M. A., Liu, F., Georgiev, G. N., Das, R. J., & Nakov, P. (2024). Factuality of large language models: A survey. En Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (pp. 19519–19529). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.1088
Anastacia García es estudiante avanzada de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Integrante del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias Sociales (LIAS) y del Grupo de Estudios Sociales de la Seguridad (GESS). Participación en proyectos de investigación sobre implementación de políticas públicas a escala local y en proyectos de extensión universitaria relacionado a juventudes y democracia. Formación en gobierno abierto y transparencia institucional.
