La Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación de universidades públicas (ANFHE), en la reunión plenaria realizada en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, expresa su enorme preocupación por las propuestas presentadas por la fuerza política “La Libertad Avanza”.
Estas iniciativas, analizadas en el umbral de un balotaje presidencial, significan un riesgo cierto para el sistema educativo argentino y su configuración histórica. La “meritocracia” es la base de sustentación de las propuestas de la fórmula Milei-Villarruel que afirma su voluntad de financiar la educación desde la demanda a partir de un sistema de cheques educativos, socavando el derecho social a la educación a través de su mercantilización, y “establecer mecanismos de competencia”, a partir de condiciones de desigualdad estructurales como estrategia de eliminación de un supuesto “adoctrinamiento estatal”.
Es nuestra responsabilidad advertir que este posicionamiento no es inocuo. El posicionamiento al que nos referimos concentra, en su propia elaboración, la voluntad de generar las condiciones para avanzar hacia un arancelamiento de las universidades nacionales para eliminar, a partir de ello, toda consideración del derecho social y convertirlo en un privilegio al que acceden los sectores más favorecidos.
A 40 años de la recuperación de la democracia, es de vital importancia señalar que cualquier acción planificada para vulnerar, en el mediano plazo, la gratuidad de la educación pública es una afrenta a la memoria colectiva y a los derechos adquiridos gracias al movimiento obrero y estudiantil. Y una agresión a las generaciones futuras.
Entendemos que es tiempo de ampliar derechos y los alcances del Estado, no de cercenarlos: el acceso a la educación es un derecho humano y no puede ser vulnerado por ningún proyecto político.
Somos conscientes de que los desafíos pendientes en la educación pública superior requieren, como ya lo hemos señalado, de políticas públicas que garanticen las herramientas necesarias para atender al derecho a la educación, mediante la revisión de las normativas vigentes y miradas prospectivas que garanticen una verdadera inclusión.
Declaramos la importancia de la “defensa del derecho social a la educación superior” que implica necesariamente acciones sostenidas por el Estado, edificadas sobre la base de diagnósticos y articuladas con todo el sistema educativo argentino”.
A días de una elección trascendental para el futuro del país, rechazamos cualquier provocación violenta contra la comunidad universitaria y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública, libre, gratuita, laica, diversa, inclusiva y de calidad.
Universidad Pública, siempre.
Ciudad de Córdoba, 16 de noviembre 2023.-
